La actualidad española presenta infinidad de casos de corrupción en la que el papel de los peritos judiciales es esencial.

Los peritos judiciales desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción, ya que pueden aportar evidencias objetivas y contrastables que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o civiles de los implicados. Por ejemplo, pueden analizar las cuentas bancarias, audios presentados como pruebas, contratos públicos, facturas falsas…. En España, la corrupción política es un problema grave que afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el Estado de derecho. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2013 se investigaban 1661 casos de corrupción, y en 2015 se reflejaban unas 1700 causas y más de 500 imputados o investigados. Las comunidades autónomas con más casos en fase de investigación judicial son Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Si estamos al tanto de la actualidad, sabremos de las consecuencias del «Caso Acuamed«, donde peritos economistas han determinado que existen obras sin pagar por 54 millones de euros. También fue muy llamativo el caso de Laura Borràs, la expresidenta del parlamento de Catalunya , que requirió de los servicios de un controvertido perito para defenderse de corrupción, o incluso el Fútbol Club Barcelona, que contrató un perito judicial para esclarecer la posible corrupción en el caso Neymar 2.

Actualmente, asistimos a un auténtico «Duelo de peritos informáticos«. Con este impactante titular se abrían diferentes noticias en medios de comunicación españoles. Y es que el papel de un perito informático o un perito economista es fundamental en la lucha contra la corrupción. Concretamente, durante el «Caso Taula», en los que se han presentado diferentes audios que implican a un político, se ha valorado la veracidad de los mismos.

El Caso Taula es una operación policial y judicial que se inició en 2016 y que investiga una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular (PP) en la provincia de Valencia. Entre los principales acusados se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y el exvicealcalde de Valencia y exconcejal del PP, Alfonso Grau.

peritaje en casos de corrupcion

Uno de los elementos clave del caso son las grabaciones realizadas por Marcos Benavent, conocido como el “yonqui del dinero”, un exgerente de la empresa pública Imelsa que confesó haber cobrado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. En dichas grabaciones se escucha a varios dirigentes del PP valenciano hablando de supuestos sobornos, mordidas y blanqueo de dinero.

Las grabaciones fueron entregadas por el exsuegro de Benavent a la diputada autonómica Rosa Pérez Garijo, quien las puso en conocimiento del juzgado que instruye el caso. Sin embargo, la defensa de Alfonso Rus cuestionó la validez de las grabaciones al alegar que habían sido manipuladas o alteradas.

Y es aquí donde entra en juego el papel de un perito informático. Para resolver esta cuestión, el juez ordenó la comparecencia de dos peritos informáticos: uno contratado por Rus y otro perteneciente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ambos coincidieron en que los audios que originaron el caso Taula son los mismos, aunque difirieron sobre el origen de los archivos. El perito contratado por Rus afirmó que las grabaciones procedían de un teléfono móvil Samsung Galaxy S3 Mini3, mientras que el agente de la UCO sostuvo que se trataba de un dispositivo Sony Ericsson Xperia Arc S2.

Estas diferencias podrían tener consecuencias jurídicas, ya que podrían afectar al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Según el perito contratado por Rus, las grabaciones habrían sido realizadas sin consentimiento ni conocimiento previo por parte del interlocutor, lo que podría suponer una vulneración legal. Por su parte, el agente de la UCO defendió que las grabaciones eran legítimas porque Benavent había activado voluntariamente una aplicación llamada “Grabadora oculta” en su teléfono.

El juicio del caso Taula continúa abierto y está previsto que declaren más testigos e imputados en las próximas semanas. Los peritos informáticos seguirán siendo una pieza clave para determinar la veracidad y legalidad de las pruebas aportadas por las partes.

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